Doctrina

La razonabilidad como principio y fin de la actividad estatal

 

por Dr. Tadeo Zaragoza


No es un dato soslayable de nuestra realidad política mundial, que nos hallamos en una época en que el intervencionismo estatal está cobrando una fuerza impensable para el neoliberalismo de los años 90’, donde más allá de las experiencias argentinas de nacionalización o argentinización (1), inclusive en los Estados Unidos de Norteamérica, han debido convertirse (2), generando políticas de fuerte injerencia estatal, para pilotear la tormenta de la crisis económica.

De esta manera, en tren de intervenir, los Estados hacen uso de las prerrogativas conferidas por el pueblo, siempre con el fin último del Bien Común (3).

En pos de ello, detentan el  “Poder de Policía”, entendido como la potestad del Estado, atribuida al Poder Legislativo, para dictar leyes que impongan limitaciones a los individuos por razones de interés público, restringiendo su esfera de libertad y reglamentando los derechos reconocidos en la Constitución (4). Por otra parte, ejerce la “Policía Administrativa” designando con ello a cierta actividad material que realiza el órgano ejecutivo, subordinada a la ley, por medio de la cual se complementan y detallan las reglas de policía dictadas por el legislativo (actividad reglamentaria de policía)  y se hacen cumplir las mismas (actividad material de policía administrativa) (5).

Pues bien, ambas actividades del Estado (que imponen limitaciones a los derechos individuales) precisan encuadrarse en una serie de principios y reglas de derecho que condicionan su obrar.

Sostiene GORDILLO (6), contradictor por antonomasia, que en lugar de establecer un principio general de coacción y poder estatal (“policía” o “poder de policía”) al que luego se le busquen restricciones, lo correcto es, en el marco del “Estado de Derecho” y que se encuentran sometidos a un régimen supranacional e internacional de derechos humanos, sentar la premisa opuesta. Es así como corresponde afirmar que el principio general establecido son los derechos individuales, a los que luego, en los casos concretos y por expresa determinación de la ley, se les encontrarán restricciones y limitaciones en la eventual coacción estatal.

Según ESCOLA (7), una correcta sistematización de los diversos principios que son aplicables, y que configuran las limitaciones impuestas al poder de policía y a la actividad de policía, permite afirmar que su ejercicio, para ser válido debe cumplir las siguientes exigencias:

 1) Respeto a los principios y normas constitucionales. La restricción de los derechos no puede llegar a su desconocimiento absoluto o a su destrucción. Esto fue sostenido ya en el leading case Ercolano (8) por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto esgrimieron que “Hay restricciones a la propiedad y a las actividades individuales cuya legitimidad no puede discutirse en principio, sino en su extensión… son las que se proponen asegurar el orden, la salud y la moralidad colectivas; y hay asimismo otras limitaciones, como son las que tienden a proteger los intereses económicos, que no pueden aceptarse sin un cuidadoso examen, porque podrían contrariar los principios de libertad económica y de individualismo profesados por la Constitución.

2) Necesidad de Ley Formal. El Poder de Policía debe ser ejercido propiamente por el Poder Legislativo, por medio de leyes formales. La actividad policial concreta, si bien se manifiesta comúnmente mediante actos administrativos,  exige que ellos encuentren su fundamento también en la preexistencia de una ley formal, admitiéndose que sólo excepcionalmente puedan basarse en otro acto administrativo o en un reglamento autónomo, según sostenía Marienhoff. Lamentablemente, nos han acostumbrado a descalabros legislativos que, en lo atinente el uso del Poder de Policía, por parte de los Ejecutivos, en especial, el nacional, muchas veces carecen de basamen legal en sentido formal.-

 3) Respeto por el ámbito jurisdiccional. Debe ejercerse dentro del respectivo ámbito constitucional, distinguiendo lo que es propio de la Nación y de las provincias, sin excesos e injerencias.

 4) El Principio de Razonabilidad. Es este el principal límite, general y universal, de todo obrar estatal.

Este principio es de validez universal; resulta aplicable tanto al legislador como al administrador y al juez, e incluso a particulares. Se incorpora a nuestro derecho, como “garantía de razonabilidad” por vía del derecho norteamericano, como parte del debido proceso en sentido sustantivo y se incluye en el Derecho Inglés en un marco jusnaturalista. Afirma PADILLA (9), como simple fundamento del postulado bajo examen, que los derechos se limitan como única manera de poder vivir en sociedad y que las restricciones que se dispongan en cuanto a su goce, no deben exceder lo indispensable para ese fin; mientras se atienda a ello, será justo y razonable.

Atendiendo a LINARES (10), la razonabilidad en sentido lato alude a los tres factores de razón suficiente (11): existencia, esencia y verdad (justicia). La vigencia del principio de razón suficiente, aflora a cada instante en el conocimiento jurídico, que es conocimiento de lo humano-cultural (12). Funciona, en primer lugar, cuando el constituyente o el legislador fundamentan en determinadas realidades sociales el motivo de haber dado ciertos contenidos y no otros a las normas. Funciona también al momento de interpretar las mismas, sea apelando a la exégesis, o bien desde el historicismo o lo sistemático. Opera el principio de razón suficiente en cada decisión del Juez en uso de su ratio decidendi y también cuando actor y demandado argumentan y fundamentan,

En la senda de su aplicación práctica, la Corte Suprema, vinculó a la Razonabilidad con la Proporcionalidad, rezando en Pedro Inchauspe Hermanos(13) (1944) que El análisis de la eficacia de los medios arbitrados para alcanzar los fines que el legislador se ha propuesto es ajeno a la competencia de la Corte Suprema, a la que sólo incumbe pronunciarse acerca de la razonabilidad de los medios elegidos, o sea resolver si son o no proporcionados a dichos fines y, en consecuencia, si es o no admisible la consiguiente restricción de los derechos individuales afectados”. Por otro tanto,  recuerda GORDILLO (14) que en el fallo “López de Reyes” (15) (1959) se refirió que los jueces poseen la potestad de revocar o  anular la decisión administrativa sobre los hechos controvertidos, si ella fuera suficientemente irrazonable, o se apoyara tan sólo en la voluntad arbitraria o en el capricho de los funcionarios, o implicara denegación de la defensa en juicio.

 En igual sentido ha dicho la Procuración del Tesoro de la Nación que “Es peligroso sostener que en el caso se obró en uso de facultades legales, si lo que ocurre es que se hizo abuso de aquéllas y se tomó a la ley como medio para consumar la arbitrariedad” (16).

En lo esencial, existen diversas conductas que despojan de razón al obrar estatal, trasformándolo en ilegítimo y arbitrario, a decir de GORDILLO (17):

a)      Irrazonabilidad en los fines perseguidos, que se apartan de lo preceptuado en las normas de habilitación (de carácter constitucional, legal o reglamentario) o de los principios generales del derecho.

b)      Exceso de limitación o de punición (en el caso de aplicación de sanciones de naturaleza penal-administrativa) cuando las normas y/o medidas administrativas no guarden una adecuada proporción con los fines que persigue el ordenamiento.

c)      Violación de la igualdad al introducirse en las normas o en los actos respectivos un factor de discriminación que atribuye a algunas situaciones de ventajas o de gravamen que no se conceden a otras personas que se encuentran en similares condiciones objetivas.

d)      Ausencia de Motivación, sin brindar fundamentos de hecho o de derecho.

e)      Cuando no se tengan en cuenta hechos acreditados, o de público y notorio, o se funde en hechos o pruebas inexistentes.

Como colofón de lo expresado, es que debe postularse al principio de la razonabilidad por parte de todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y en todas las Jurisdicciones (Nación, Provincia y Municipio), como punto de partida y como fin último. La razón, esa cualidad humana, con la cual dotamos a la Persona Jurídica “Estado”, es necesaria y exigible en todos sus movimientos, en todas sus manifestaciones y en todo momento, aún en caso de Emergencia de cualquier orden.

Empero, no obstante lo expresado, es muy frecuente un Estado avasallador, irreflexivo e irracional. Ante ello sólo queda el aporte que puedan realizar los operadores del derecho (más allá de la sociedad toda) y el Poder Judicial; un Poder Judicial independiente que procure la correcta interpretación de la Ley a la luz de nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, principales portadores de nuestra razonabilidad.

 

Citas:

(1) Diario LA NACION; Domingo 4 de mayo de 2008; en nota periodística de Diego Cabot define este término como permitir que capitales argentinos, sean públicos o privados, ingresen como accionistas de empresas de servicio público.

(2)El Diario EL PAIS de España (en nota de Claudi PÉREZ) titulaba  “Estados Unidos se convierte al intervencionismo”, aludiendo casi a una conversión en términos religiosos (El País, 14/09/2008).-

(3)En este sentido existe un juego armónico entre los arts  14 y 28 de la CN. (GONZÁLEZ, Ricardo (h); Limitaciones Administrativas a la Propiedad Privada; Equipo Federal de Trabajo; Edición Nº 6 del 04-11-2005 / WWW.EFT.ORG.AR.-

(4)DURAND, Julio;  Sobre los conceptos de “policía”, “poder de policía” y “actividad de policía”; Revista de Derecho Administrativo (REDA), N° 51, Lexis Nexis; Buenos Aires, 2005.-

(5)DURAND, Julio; Op. Cit.-

(6)GORDILLO, Agustín; Tratado de Derecho Administrativo (Tomo 2 )- La Defensa del Usuario y del Administrado Fundación de Derecho Administrativo; Buenos Aires., 2003.-

(7)ESCOLA, Héctor Jorge; Compendio de Derecho Administrativo (Volumen II); Ed. Depalma; Buenos Aires, 1984.-

(8)CSJN; Ercolano c. Lanteri de Renshaw; 28 de abril de 1922; Fallos 136:170.-

(9)PADILLA, Miguel M.; Lecciones sobre Derechos Humanos y Garantías; Ed ABELEDO PERROT; Buenos Aires, 1996, referenciado por SABSAY, Daniel Alberto y ONAINDIA, José Miguel, La Constitución de los Argentinos; Ed. Errepar; Buenos Aires, 2009.-

(10)LINARES, Juan Francisco; Razonabilidad de las Leyes;  Ed. Astrea; Buenos Aires, 1989.-

(11)Principio tematizado por LEIBINIZ en su “Teodicea” (1710), por el que no podría hallarse ningún hecho verdadero o existente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo.

(12)SMITH, Juan Carlos; Razón Suficiente en Enciclopedia Jurídica OMEBA (Tomo XXIII); Ed. Bibliográfica Argentina; Buenos Aires, 1967.-

(13)CSJN; Pedro Inchauspe Hermanos c/ Junta Nacional de Carnes. Junta Nacional de Carnes c/ Baurin, Juan J. Junta Nacional de Carnes c/ Corbett Hnos; 1944;  T. 199, P. 483.-

(14)GORDILLO, Agustín; Op. Cit.-

(15)CSJN; López de Reyes Fallos, 244: 548, López de Reyes.-

(16)PTN, Dictámenes, 51: 91; 64: 114.-

(17)GORDILLO, Agustín; Op. Cit.-

 

 

 

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