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De gratuito nada...una más contra el consumidor

La Sala IV de la Cám. Civ. y Com. de Rosario determinó que no se aplica a la justicia de Santa Fe, el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor.

 

Por Juan Martín Atencio

 

 

Ahora es la Sala IV, la que cierra las puertas a una interpretación amplía y superadora del art. 53 LDC y art. 42 CN enrolándose en la interpretación restringida del instituto de gratuidad para el consumidor estipulado en la LDC.

Con los mismos resultados, aunque con argumentos mucho más seríos y jurídicos, que el fallo de la Sala III de la misma Cámara que anteriormente dimos a conocer; la Sala IV mediante la Sentencia Nº 189 del 30/07/2014 dictada dentro de los autos: "Alvarez José Luis c. Amato Juan Carlos s/cumplimiento de contrato- Ley 24240" rechazó la aplicación de la gratuidad dispuesta en el art. 53 LDC, confirmando la resolución de baja instancia que previo a proveer la demanda exigía el pago de la tasa de justicia.

Para así decidirlo la Alzada dispuso, entre otros argumentos, que:

- No se puede aplicar el beneficio de gratuidad del art. 53 de la LDC a un proceso tramitado ante un tribunal provincial, ya que una ley nacional no puede eximir tributos locales.

- El art. 42 de la CN se limita a establecer que la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Como se puede advertir de su simple lectura, no existe en esta norma ninguna referencia a una facultad del Congreso para eximir tributos de naturaleza local.

- La jurisdicción provincial debe atenerse a las normas tributarias sobre la materia en la provincia de Santa Fe, tales son los arts. 226 y 227 del Código Fiscal, y arts. 35 y 36 de la Ley impositiva anual. No siendo aplicable a la justicia provincial el beneficio de justicia gratuita del art. 53 LDC

Se van esfumando de esta forma, las últimas esperanzas de que la Justicia Rosarina adopte una postura que, más allá del rigor formal y la integración restringida de la ley, contemple las realidades y características propias del Derecho consumerista y sus implicancias sociales. Velando no solamente por la economía de las arcas provinciales y judiciales,  sino también por el acceso a la justicia del ciudadano. Realizando una integración e interpretación dikélogica y social de la norma, que muchos de sus miembros predican en las aulas.

Lo dicho no excluye la responsabilidad de todos los actores involucrados: Legisladores, Asoc. de Defensa del Consumidor, Colegio de Abogados, académicos, abogados de a pie, etc. de luchar y bregar por reformas y soluciones a esta cuestión de las cuales muchos no vislumbraron aún las reales consecuencias e importancia.

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