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Consejo de la Magistratura: Responsabilidad que el Coleg. de Abog. de Rosario no debe eludir

Por Tristán García Montaño

 

Reporte de una iniciativa de la Comisión para el Consejo de la Magistratura

Corriendo el mes de agosto de 2013, en mi carácter de Presidente de la Comisión para el Consejo de la Magistratura del Colegio de Abogados de Rosario, junto al por aquél entonces también miembro de la Comisión, doctor Benito S. Aphalo, fuimos recibidos por autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, Delegación Sur. En dicha oportunidad, los visitantes informamos a nuestros anfitriones acerca de la seria preocupación del Directorio del Colegio de Abogados de Rosario (periodo 2012/2013), relacionada con algunas deficiencias en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Provincia y, seguidamente, los invitamos a proponer en forma conjunta al Poder Ejecutivo algunas reformas que pudiesen mejorar el sistema de selección de jueces. El Colegio de Magistrados agradeció nuestra invitación y, a continuación, acordamos que nuestro Colegio prepararía una agenda en la que puntualizaríamos los problemas que, a nuestro juicio, deberían solucionarse; luego los Magistrados agregarían los suyos y, finalmente, nos reuniríamos para tratar de elaborar la propuesta común.

Conscientes de que la posición que debe adoptar el Colegio de Abogados con relación al Consejo de la Magistratura amerita una acción político-gremial constante, capaz de resistir los vaivenes que suelen ocasionar las sucesiones de los directorios, la Comisión convocó a representantes de la mayoría de los movimientos gremiales para intercambiar ideas y consensuar la agenda que habríamos de presentar al Colegio de Magistrados. Como consecuencia de dicha convocatoria, a la que respondieron algunos de los movimientos invitados, se celebraron tres reuniones en las que nos concentramos en el análisis del funcionamiento del Consejo de la Magistratura vigente, y en el esbozo de algunas sugerencias para intentar remediar sus falencias más graves, postergando para una segunda etapa el diseño de un organismo nuevo.

Algunas falencias del Consejo de la Magistratura

Entre las deficiencias que se advirtieron en las reuniones señaladas –bien que no todas compartidas por la totalidad de los circunstantes–, caben citarse las siguientes:

  • funcionamiento demasiado lento, lo que demora excesivamente la cobertura de vacantes;
  • concursos, en ocasiones, con muy pocos participantes, lo que a veces ha dado lugar a designaciones inconvenientes;
  • excesiva desconfianza en la discrecionalidad de los evaluadores e inadvertencia de que un buen sistema de selección de jueces debe aceptar cierta dosis de aquélla. Prescindir de una sana dosis de discrecionalidad impide tener en cuenta cualidades importantes del concursante –por caso, cordialidad, laboriosidad, independencia de criterio, buen carácter, ecuanimidad, don de mando, coraje para resistir presiones– y, paralelamente, impide considerar características negativas –por ejemplo, mala educación, holgazanería, dificultad para dirigir un grupo de personas, obsecuencia, pusilanimidad–;
  • rechazo a la evaluación de antecedentes no documentados del candidato; de ahí que los evaluadores no deben tener contacto con la circunscripción correspondiente a la del cargo a cubrir. Tal rechazo puede que tenga alguna justificación en el caso de concursos para cargos docentes, mas no para cargos judiciales; en estos es contraproducente;
  • examen técnico (prueba de oposición) realizado en circunstancias ajenas a la cotidianeidad: redacción de un par de sentencias, en unas pocas horas, sin el soporte jurisprudencial y bibliográfico adecuado con el que todo juez cuenta en la vida real;
  • aliento a la práctica del juntapapelismo, es decir, a la presentación de antecedentes que pocas veces revelan algo de la idoneidad del candidato; antecedentes, por otro lado, que los evaluadores casi nunca tienen el tiempo suficiente para analizar con mínima seriedad y, menos aun, para comparar;
  • entrevista del candidato poco útil; de hecho, en los últimos años tuvo incidencia –para bien o para mal– en un solo concurso. En todos los demás, la entrevista cumplió una solemnidad vacía. Se trata, generalmente, de un acto en el que los concursantes se limitan a recitar clichés. Reestructurada que fuere esta etapa, debería aportar puntos a los concursantes, de la misma manera que las etapas anteriores (antecedentes y oposición);
  • el diseño del concurso no permite evaluar correctamente las reales aptitudes de los concursantes. Su resultado depende en mucho del azar, situación que añade un perjuicio colateral: atenta contra la presentación de muchos buenos abogados, y así termina desaprovechándose un aporte fundamental en punto al mejoramiento del Poder Judicial. En efecto, se han detectado no pocos casos de profesionales con trayectoria y prestigio magníficos que no concursan por no tener garantizado un sistema que evalúe sus aptitudes con eficiencia y, en consecuencia, no desean correr el riesgo de resultar postergados e, incluso, y peor aun, reprobar injustamente el examen. ¡Atención!, no se cuestiona en este lugar la transparencia del concurso ni la igualdad de oportunidades de los candidatos –esto último, en tanto todos los concursantes se enfrentan al mismo ineficiente modo de evaluar sus respectivas aptitudes–; lo que se cuestiona es la idoneidad del sistema para elegir al apto para el cargo, no digamos ya al mejor, pues esto, bien que siempre difícil, en el marco del concurso actual resulta imposible;

En síntesis, el actual procedimiento de designación de los jueces de la Provincia –cargo que goza de la importante garantía constitucional de la inamovilidad–, demanda reformas imprescindibles y urgentes que apunten a mejorar su eficiencia.

El caso especial de la eliminación del orden de méritos

Particular y enfático rechazo por parte de algunos asistentes a las reuniones de la Comisión mereció el artículo 25 del decreto 3904/12, en tanto elimina el tradicional orden de méritos en la presentación de la propuesta del Consejo de la Magistratura al Gobernador, sustituyéndolo por una lista, solo ordenada alfabéticamente, de todos los concursantes que hubiesen sorteado con éxito la entrevista pública. Quienes tan en contra de la eliminación del orden de méritos se pronunciaron, destacaron que el decreto en cuestión debilita al Consejo de la Magistratura al neutralizar la autoelogiada autolimitación del Poder Ejecutivo, consecuencia que no se ajusta a los considerandos de la norma:

“(…) entrando en las consideraciones que merece la presente norma, este Poder Ejecutivo reafirma su convicción (…) de que resulta necesario garantizar la transparencia, excelencia y celeridad de los procesos de selección de los magistrados y funcionarios judiciales a los que la Constitución Provincial y las Leyes Especiales le otorga la facultad de selección, procurando un amplio nivel de publicidad y participación ciudadana. Además, (…) aparece incontrovertible la conveniencia de otorgar el mayor grado de autonomía posible al Consejo de la Magistratura. Que, en esta línea de ideas, se continúa con el diagrama en el cual el Poder Ejecutivo, sin renunciar a su facultad y deber constitucional, decide tener la menor injerencia posible en la evaluación de los aspirantes para cubrir las vacantes en el Poder Judicial” . Textual.

En una palabra, si bien por un lado se declama “la conveniencia de otorgar el mayor grado de autonomía posible al Consejo” y, asimismo, que se “decide tener la menor injerencia posible en la evaluación de los aspirantes”, por el otro, sin embargo, se reglamenta claramente en sentido contrario.

Mi opinión

Personalmente, no cuestionaría una eventual decisión del Poder Ejecutivo que, aboliendo el Consejo de la Magistratura, retornara al sistema de designación, liso y llano, previsto por la Constitución de la Provincia de Santa Fe. Existirían, incluso, algunas razones que podrían justificar una decisión de este tipo; por lo pronto, una más rápida cobertura de vacantes (nótese, por lo demás, que la lentitud del funcionamiento del Consejo no logra compensarse con la contrapartida de una elevación del profesionalismo del plantel de jueces, puesto que, en líneas generales, no puede decirse que los jueces designados hoy sean mejores que los designados ayer). El eventual retorno al sistema puro de la Constitución también tendría la virtud de que el Poder Ejecutivo no podría evitar hacerse cargo de sus malas designaciones –que también las hay–, al no poder trasladar su responsabilidad a la ´Comunidad´, supuestamente representada por el Consejo de la Magistratura.

Tampoco cuestionaría, desde luego, que el Poder Ejecutivo incrementara su autolimitación, avanzando con el Consejo de la Magistratura, bien entendido que luego de introducirle cambios imprescindibles, claro está. Cualquiera de estas decisiones sería legítima y, naturalmente, valiente.

Ahora bien, lo que sí resulta cuestionable, es que el Poder Ejecutivo esté intentando regresar en los hechos al sistema de designación de jueces anterior, disimuladamente, al amparo de un híbrido Consejo de la Magistratura (adviértase que, luego de la eliminación del orden de méritos, el Gobernador puede designar al candidato que resulte de su agrado, con la única limitación de que éste debe aprobar un examen que, por cierto, no revela ni garantiza en lo más mínimo su idoneidad). Bajo estas circunstancias, ¿cuál es, entonces, el sentido de un Consejo de la Magistratura que se encamina hacia una mera parafernalia?

Una impostergable convocatoria

Más allá de la opinión particular que cada quien pudiese tener con relación al Consejo de la Magistratura de la Provincia, por el momento el Colegio de Abogados de Rosario no ha adoptado una posición oficial, clara y concreta, acerca del sistema de selección de jueces que pretende. En consecuencia, éste debe convocar, sin demora, a todos los movimientos gremiales que participan de su vida institucional, a fin de debatir y consensuar las bases del Consejo de la Magistratura que luego habremos de proponer. La probabilidad de una reforma a la Constitución provincial exige que el Colegio se prepare con seriedad para dar a conocer oportuna y fundadamente su posición, consensuada también con los restantes colegios de abogados y el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, si fuera posible. Una posición fundada, fruto de un estudio y una meditación responsables, consensuada entre actores tan importantes como los señalados, colaboraría a orientar al constituyente en el trance de una eventual incorporación del Consejo de la Magistratura a la Constitución, y así el Colegio de Abogados de Rosario estaría cumpliendo con uno de sus fines estatutarios esenciales: “contribuir al mejoramiento de la administración de justicia”. La abogacía organizada no debe eludir esta grave responsabilidad institucional; así no sea.

 

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