Doctrina

Exención de impuesto de sellos y el arbitraje en Santa Fe

Una herramienta útil para fomentar el arbitraje en la Provincia

 

 

por Tristán García Montaño

 

 

“Si sigues haciendo lo que estás haciendo, seguirás consiguiendo lo que estás consiguiendo” (Stephen Covey)

“En momentos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento" (Albert Einstein)

 

La lentitud con que se desenvuelven los procedimientos judiciales, el grado alarmante de congestionamiento de los tribunales y la correlativa imposibilidad de superarlo mediante soluciones tradicionales, la imprevisibilidad de las sentencias que se emiten bajo estas condiciones y, por último, los serios perjuicios que todo ello infringe a los litigantes es alarmante. Entre las causas de la crisis del sistema público de justicia hallamos a la inmensa desproporción existente entre la cantidad de litigios y los recursos con que cuenta el Estado para gestionarlos. Esta situación no es exclusiva de nuestro país, sino que se da en casi todo el resto del mundo, incluso en las naciones más desarrolladas.

En tren de buscar soluciones al problema, suele pensarse en un mero aumento del plantel de jueces, aumento que, en nuestro país, difícilmente logre concretarse alguna vez –y mucho menos sostenerse en el tiempo–, al menos en la medida en que la crisis lo requiere. Así pues, insistir con un sistema de justicia monopolizado en los hechos por el Estado a través del Poder Judicial, no parece que pueda producir cambios sustanciales. ¿Por qué no, entonces, apuntar a un sistema mixto (público y privado) de gestión de conflictos, en el que el arbitraje asuma un papel protagónico?

El arbitraje, sintéticamente definido, consiste en someter el juzgamiento de un conflicto entre dos o más partes, a la decisión de uno o más terceros, ajenos al poder público, elegidos por aquéllas. Una de las notas más importantes de este tipo de procedimiento es que la decisión del árbitro tiene exactamente el mismo valor que la sentencia de un juez; es tan ejecutable como ésta. En suma, sentencia de un árbitro (laudo) = sentencia de un juez. Ciertamente, no debe confundirse arbitraje con mediación, pues son dos herramientas absolutamente diferentes que nada tienen que ver entre sí: en el arbitraje el tercero sentencia (lauda); en la mediación el tercero simplemente facilita la comunicación entre las partes. En realidad existen más puntos de contacto entre arbitraje y juicio ante los tribunales públicos, que entre arbitraje y mediación.

Resulta realmente curioso que servicios tan importantes como la Salud, la Educación e, incluso, la Seguridad se encuentren en la práctica al cuidado compartido del Estado y los particulares, mas no suceda lo mismo con la Justicia. Si se tiene en cuenta el aporte que la iniciativa privada realiza para que la comunidad cuente con la mejor salud y educación posibles, fácilmente se advertirá la enorme colaboración que se desperdicia en materia de solución de conflictos, al no recurrirse con frecuencia al arbitraje privado. Piénsese, si no, en la gran cantidad de entidades que bien podrían resolver los conflictos que se sometieran a su jurisdicción (colegios profesionales, bolsas y cámaras de comercio, asociaciones rurales, entre otras).

De compartirse la idea de que el arbitraje es un punto que no debe ser omitido por un programa que aspire a mejorar, de verdad, el Sistema de Justicia, seguramente también se estaría de acuerdo con que modificar una cultura que impulsa a la gente a acudir invariablemente a los tribunales públicos para resolver sus conflictos es una tarea difícil. Dos factores dificultan la instalación de la cultura del arbitraje en nuestro país: de un lado, la convicción generalizada y, desde luego, errónea, de que la sentencia dictada por un tribunal del Estado tiene efectos más sólidos que el laudo de un tribunal arbitral; de otro, nos topamos con la resistencia que los abogados oponen a este medio de resolución de disputas. En efecto, en términos generales el arbitraje es una disciplina poco conocida por los profesionales del Derecho, dado que ni siquiera los planes de estudio universitarios le prestan demasiada atención. Siendo así, es lógico que, al no recibir información ni preparación al respecto, los abogados inviertan todo su tiempo y esfuerzo en familiarizarse con la práctica forense y que, por tanto, resulten refractarios al arbitraje. De ahí, entonces, la necesidad de que el Estado se involucre en el intento de modificar la costumbre imperante, otorgando, por ejemplo, una exención al impuesto de sellos para los contratos de locación de inmuebles urbanos con destino a vivienda que incluyan cláusulas arbitrales. De este modo, los futuros conflictos derivados de dichos contratos habrían de tramitar inevitablemente ante los tribunales de arbitraje pactados, práctica que, a fuerza de repetición, permitiría difundir este método privado de resolución de conflictos, luego de lo cual es de suponer que la comunidad ejercitará espontáneamente el arbitraje en muchas otras áreas. Así, con el correr del tiempo se lograría descongestionar los tribunales provinciales a cargo de asuntos relacionados con la locación de inmuebles, los que se encontrarían en condiciones de receptar litigios actualmente asignados a otros fueros.

Acaso resulte oportuno señalar el porqué de la elección del ámbito de las locaciones para empezar a promocionar el arbitraje. A tal efecto, inicialmente cabría citar la experiencia del Tribunal de Arbitraje del Colegio de Abogados de Mar del Plata, la cual da cuenta de la tramitación de cientos de causas por año, relacionadas con contratos de locación. Al respecto, e incidentalmente, interesa destacar el siguiente dato: en general estas causas fueron resueltas en unos pocos meses.

A continuación, adicionaríamos que la implementación de la dispensa impositiva sugerida facilitaría, de paso, el acceso a la vivienda a un importante segmento de la sociedad particularmente sufriente, cual es el de los locatarios de viviendas, a quienes de ordinario el mercado les traslada la presión fiscal. Naturalmente, este acceso a la vivienda también se vería facilitado a inquilinos con dificultades para conseguir las exigentes garantías de los locadores (las que a menudo solamente pueden obtenerse acudiendo a la corruptela de su “compra” a terceros que luego se insolventan), dado que los locadores reducirían sensiblemente sus prevenciones, al contar con procedimientos de cobro y desalojo ágiles, como son, por esencia, los previstos por los reglamentos de arbitraje. Por lo demás, conjeturamos que la exención impositiva propuesta no habría de impactar tan intensamente en las finanzas públicas como para tornarla inviable, puesto que, si bien implicaría cierta reducción de ingresos fiscales, simultáneamente evitaría el gasto público con destino al mantenimiento de los muchos nuevos juzgados que sería necesario poner en funcionamiento bajo las actuales circunstancias.

Culminando ya estas ideas, importa destacar –como alguien lo ha hecho con anterioridad– que si bien la crisis de la justicia pública puede ofrecer una oportunidad al desarrollo del arbitraje, éste no debe ser visto solamente como una respuesta inmediata a aquélla, sino como una alternativa válida que debe ser evaluada con abstracción del estado por el que atraviesa actualmente el sistema público. Es que el arbitraje tiene ventajas y particularidades que lo hacen deseable aun ante la hipótesis de una administración de justicia que funcionase perfectamente. Ligar la suerte del arbitraje a la crisis de la Justicia sería subestimar su real utilidad e importancia.

 

ADDENDA:

ANTEPROYECTO DE LEY ELABORADO POR EL CENTRO DE ESTUDIOS PROCESALES DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

 La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de ley:

Art. 1º: Agréguese al artículo 183 de la ley 3456, texto ordenado (Código Fiscal del la Provincia de Santa Fe), el siguiente inciso: “48. Los contratos de locación de inmuebles con destino a vivienda en los que se pacte la competencia de un tribunal de arbitraje privado e institucional para resolver los conflictos intersubjetivos de intereses que se relacionaren con los mismos. Todo acuerdo de voluntades por el que se dejare sin efecto la competencia de un tribunal de arbitraje previamente pactada que hubiere dado lugar a la exención del impuesto de sellos, será nulo de nulidad absoluta.” [Nota: el artículo 183 se ocupa de los actos, contratos y operaciones exentas del impuesto de sellos].

Art. 2º: Agréguese al artículo 235 de la ley 3456, texto ordenado (Código Fiscal del la Provincia de Santa Fe), el siguiente inciso: “8. Las ejecuciones de laudos dictados por tribunales de arbitraje privados e institucionales que se promovieren ante los tribunales provinciales”. [Nota: el artículo 235 se ocupa de las exenciones a las tasas retributivas de servicios].

Art. 3º: De forma.

 

 

 

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