Doctrina

La falta de identificación en el Poder Especial de la persona a demandar

 

por Maximiliano García Grande

 

1. El problema planteado

El abogado, si pretende representar a la parte actora en una futura demanda, puede hacerse suscribir un Poder Especial antes de iniciar la misma. La particularidad de este mandato es que en él no se enunciará un expediente determinado, sino una pretensión a deducir. El poderdante autoriza al abogado a actuar en un litigio futuro ya que aún no hay en trámite causa alguna.

Si en un mandato judicial, donde una persona confiere poder especial a determinados abogados, no se especifica para que juicio los faculta a actuar o que acción entablar, ese poder es nulo debido a que padece un vicio formal esencial como es el objeto para el cual está dado.-

Supongamos en cambio que sí se determina la pretensión a incoar: por ejemplo “cobro de pesos” o “desalojo”, pero en cambio no se especifica el deudor o el inmueble que se pretende desalojar. En este caso sí se determina el tipo de pretensión, pero no se delimita sobre que o quien recaerá la misma. Aquí nos enfrentamos al problema que intentamos resolver en el presente artículo.

Desde ya nos estamos refiriendo a una ausencia total de identificación del demandado, no sólo cuando no están el nombre y apellido de éste, sino también cuando desconociéndose estos datos no se determina a la persona a demandar por otras circunstancias, como por ejemplo ser titular registral de una automóvil o estar ocupando un predio.

Debemos destacar que poco se ha escrito sobre el particular problema planteado. Sin embargo, la escasez de la doctrina no implica un problema poco común. Los defectos en los mandatos judiciales son habituales, aunque muchas veces son defectos subsanables que implicarían una nulidad relativa. Los errores groseros son menos habituales porque el poder especial, antes de su inserción al expediente, pasa por la vista de por lo menos tres personas: el mandante, el mandatario (quien por lo general lo confecciona) y el fedatario (secretario o escribano). Sin embargo errar es humano.

Para una primera postura el poder que adolece de toda identificación del demandado, es nulo de nulidad relativa y ésta quedaría subsanada cuando el abogado identifica al demandado en la demanda; para una segunda postura no se subsana el óbice ante la identificación del demandado por el profesional, con lo que el mismo carece de personería.

 

2. Primera postura

La primera postura define la omisión del demandado en el poder especial como un "error subsanable" por el abogado. Dicha subsanación procedería cuando el profesional identifica contra quien se incoa la acción en el escrito de la demanda.

Se argumenta que la omisión del demandado no afecta el derecho de defensa del poderdante y concluyen que, al fin y al cabo, la nulidad era en protección del poderdante y no puede ser opuesta por la parte contraria (art. 127 CPCC).-

En esta postura se enrola Chiappini: "No decir "contra quien" es oscuro libelo, justifica la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda. Pero eso, la demanda, Aquí la carencia estaba antes, estaba en el poder. Por eso pudo purgarse. Y pudo subsanarse pues al demandar ahora sí el abogado individualizó al "otro". Ya no le violentaba su defensa en juicio". (Poder especial que omite el nombre del demandado en Procedimiento civil aplicado, Editorial Jurídica Panamericana, año 2003, pág. 183).-

 

Jurisprudencia acorde a la primera postura:

"Habiendo el actor conferido poder a dos abogados para que inicien juicio de desalojo, otorgándoles las facultades que surgen de los arts. 41 y 44 del CPCC y todas las que enumeró en el instrumento, con este solo acto se configuró el mandato, coincidiendo lo expuesto con el concepto genérico del art. 1869 del CC, aplicable a las procuraciones judiciales en lo que no se oponga a las disposiciones de los códigos locales (art. 1870, inc. 6º del C.C.). No olvidemos que el poder, se rige a un tiempo por disposiciones procesales y sustanciales, según se trate de sus aspectos formales de exhibición y presentación en juicio, o se refiera al acto en sí mismo. Pese a que la procura luce excesivamente lacónica a la hora de expresar su objeto, -se ha limitado a indicar el juicio a iniciar y ha omitido el nombre del futuro demandado- ello no acarrea automáticamente la invalidez del acto. El mandato existe, documenta una manifestación de voluntad que vincula al otorgante con su apoderado. Consecuencia de ello, es que las resultas del juicio iniciado por éste, sin vinculantes para el actor. La insuficiencia procesal del instrumento no es óbice para ello, ni perjudica al demandado. Su derecho de defensa permanece intacto y las virtuales consecuencias desfavorables que pudieran derivarse de la omisión de designar el nombre del demandado, sólo puede ocasionar perjuicio a la parte actora, y ello en caso de resultar errónea la individualización de la persona del demandado." Juzgado de Primera Instancia de Circuito de Ceres, 26/04/2001, Fraire, Domingo c/ Derio, Valeriano s/ Desalojo - Incidente de nulidad y falta de personería. Zeus 1º Instancia 2002-V-113.-

 

"La regula de protección del art. 127 del CPCC dice que la violación u omisión de las formalidades establecidas en el interés de una de las partes -en la especie actor- no puede ser opuesta por la otra. La falta de individualización del accionado en el poder, lo convierte en un instrumento defectuoso o no convencional, pero de ninguna manera inexistente. En consecuencia de lo actuado resulta admisible y su efecto inmediato es la subsanación de la causal de nulidad invocada. Esta solución, armoniza con la finalidad del instituto procesal en examen y con el principio de conservación de los actos dudosos, o en lo que es posible salvar la vida del proceso sin comprometer garantías constitucionales". Juzgado de Primera Instancia de Circuito de Ceres, 26/04/2001, Fraire, Domingo c/ Derio, Valeriano s/ Desalojo - Incidente de nulidad y falta de personería. Zeus 1º Instancia 2002-V-113.-

 

3. Segunda postura

Compartimos la tesis según la cual el abogado no puede, mediante la identificación del accionado en la demanda, purgar el vicio del mandato. Tampoco queda purgada la nulidad por el consentimiento del demandado.-

El motivo es que esta nulidad es principalmente en protección de los intereses del mandante, puesto que nos encontramos ante un vicio sustancial del cual pueden derivar consecuencias perjudiciales para el firmante del poder defectuoso.

No estamos ante a una cuestión meramente dogmática, la insuficiencia del poder puede implicar consecuencias imprevistas y costosas para el poderdante. Imaginemos el caso en que una persona confiere poder para iniciar un cobro de pesos, pero el mandato no identifica al deudor y el profesional prefiere accionar contra una multinacional por una demanda millonaria. Según la primera postura el abogado purgó los defectos del poder al identificar el demandado y las costas de la demanda las tendrá que soportar su cliente, cuando en realidad no estaba ni siquiera interesado en dicho pleito.

En este caso, las costas o los hipotéticos daños que acarreará una demanda de tal calibre no deben ser soportados por aquél que sólo pretendía una pequeña suma de dinero que le deben. Debería ser aplicable el art. 42 CPCCSF y no sólo declararse la nulidad de las actuaciones sino también hacer soportar las costas al profesional que obró negligentemente.

Como ya dijimos, no siempre la omisión de identificar al accionado conllevará la falta de personería. Lo que es necesario es cierta determinación de la pretensión y el hecho que la origina (juicio de daños y perjuicios contra el propietario del automóvil..., juicio de desalojo contra los ocupantes del inmueble..., etc.), puesto que puede desconocerse el nombre del demandado, como ocurre frecuentemente en los juicios por responsabilidad extracontractual.

Si no hay tal determinación (por ejemplos sí sólo dice “cobro de pesos” o “aseguramiento de bienes”), como la nulidad surge en amparo del supuesto mandante, no puede ser subsanada por personas distintas a él, y la consecuencia de tal incertidumbre es la falta de personería del profesional que inició la demanda.-

¿Que ocurre si quien identifica el demandado es el poderdante y no el profesional? ¿Se subsana el defecto del poder?. El art. 42 CPCCSF estipula que no es admisible la ratificación de los actos realizados sin poder. Pero en este caso hay poder, solo que es defectuoso. Ahora bien, si dicho defecto conlleva una nulidad absoluta sería aplicable el art. 42 CPCC, si se tratase de una nulidad relativa podría ser purgado. Aunque el tema es por demás discutible, entendemos que la gravedad del defecto conlleva la nulidad absoluta del mandato y por lo tanto su inexistencia jurídica.

En conclusión, para nosotros la omisión de toda identificación del demandado en el Poder Especial no es subsanable por el abogado al identificarlo en el escrito de demanda, ni pueden ratificarse las actuaciones por quien suscribió el mandato.

 

Dos fallos avalan esta postura:

El poder otorgado por el actor a su letrada presenta el déficit de no indicar la parte a la cual va a oponer las diligencias de aseguramiento; ello reviste entidad suficiente como para admitir la falta de adecuada personería para la letrada. Esta carencia vuelve aplicable al sub lite la sanción contenida en el art. 42 del C.P.C.C., que sanciona con la nulidad los actos realizados sin poder

Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Duodécima nominación de Rosario; López, Carlos c/ García, Rodolfo s/ Medida de aseguramiento de pruebas, 18/10/2004.-

 

La excepción de falta de personería resulta acogible en los casos de insuficiencia de mandato, y hay tal cuando se apodera para iniciar y proseguir juicio de resolución de contrato y desalojo por falta de pago sin individualizar a la persona contra quien ha de dirigirse la demanda ni, siquiera, con relación a que inmueble o inmuebles se concede el mismo.

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala I; González, Domingo c/ Tomoni, Oscar P., 1981/02/05, JA, 65-40.-

 

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