Doctrina

Comentario al Art. 260 del CPCC

por Maximiliano García Grande

 

 

 

maximilianogarciagrande@hotmail.com


ARTÍCULO 260 CPCC: “Todo el que tenga honorarios regulados podrá cobrarlos directamente al condenado en costas.

El abogado o procurador que actúe en causa propia puede pedir regulación de sus honorarios y cobrarlos de la parte contraria si fuese condenada en costas.

Será aplicable al respecto la norma del Art. 279.

En todos los casos el que pretende cobrar los honorarios y costas judiciales podrá optar entre el trámite de los Arts. 507 y siguientes o hacerlo dentro del juicio o incidente. En el último supuesto la petición se hará por cuerda separada, una vez aprobada en el juicio la liquidación respectiva, procediéndose a intimar por tres días el pago de la misma.

En caso de no haberse verificado, el pago, podrá solicitarse la traba de embargo y otras medidas cautelares y se procederá en la forma establecida para el cumplimiento de la sentencia de remate. Elegida una vía no podrá utilizarse la otra.”

 

1. La acción directa (260, 1er. párrafo).

Originariamente quien tenía honorarios regulados podía sólo ejercer la acción de cobro al deudor de las costas, es decir a quien las generó a su instancia: el abogado a su mandante, el perito al quien ofreció el medio de prueba pericial, el tasador a quien requirió la tasación, etc.

Luego el deudor que hubiere abonado los honorarios si tenía éxito en el pleito podía ejercer la acción de cobro contra el condenado en costas. Esta acción está fundada en los arts. 505 y 506 del Código Civil.

El derecho italiano comenzó a regular la denominada “acción directa” –o también llamada “oblicua”- en la cual los abogados o procuradores podían ejercer su acción, no sólo contra el deudor de las costas, sino también contra el condenado en costas, en caso de haberlo.

Nuestro Código de Procedimientos en Materia Civil y Mercantil -tal como antaño se lo denominaba- del año 1900, reguló la acción directa en su art. 390: “El abogado y procurador de la parte vencedora podrá cobrar directamente al condenado en costas, los honorarios que les correspondan”.

Como se ve, la acción directa estaba regulada sólo como una facultad para los abogados y procuradores.

Luego la legitimación activa de esta acción se amplió tal como puede verse en el actual art. 260 que comentamos: “Todo el que tenga honorarios regulados podrá cobrarlos directamente al condenado en costas.”

Por lo tanto, quien tenga honorarios regulados podrá cobrarlo al deudor de los mismos (quien los haya causado a su instancia según el art. 250 CPCC) o directamente al condenado (según las reglas del art. 251 CPCC).

Si el deudor de las costas abonase los honorarios, luego podrá repetirlos al condenado. En este caso, en la acción sería incoada por la parte y deberá acreditar el pago de los honorarios que busca repetir. Es decir, en el eventual apremio o inyuccional, deberá acompañar recibo de pago de los honorarios abonados.

 

2. La acción de cobro del abogado o procurador en causa propia (260, 2do. párrafo).

La norma posibilita al abogado o profesional a pedir la regulación de los honorarios cuando fuese en causa propia.

Si bien la cuestión no fue analizada en profundidad por la jurisprudencia, vale hacer un alto y plantear algunas ideas.

Como se vio, originariamente el condenado en costas podía ser demandado cuando la otra parte se los repetía.

La obligación legal del condenado en costas de pagar los honorarios del contario surgía de los arts. 505 y 506 CC según los cuales el deudor también responde por los gastos y daños que ocasione al acreedor al accionar por el cumplimiento de la obligación.

Los honorarios del abogado o procurador del vencedor podrían entonces cobrarse del condenado por ser parte de los gastos en que incurrió al ejercer su acción de cobro.

El condenado en costas sólo debería los honorarios cuando hubieren sido gastos del acreedor.

Bajo esta premisa, no sería procedente que el abogado en causa propia cobre sus honorarios al condenado en costas, puesto que no fueron parte de gastos o daños provocados a él ya que, lógicamente, no se pagó los honorarios a sí mismo.

En consonancia con este criterio, distintos Tribunales nacionales consideraron improcedente la acción de cobro de honorarios por parte del abogado que litigó en causa propia.

En Santa Fe esta discusión es bizantina puesto que la norma específicamente prevé la posibilidad del letrado de cobrar los honorarios en causa propia. Por eso, no se sostiene la ilegalidad de esta acción de cobro (de hecho no lo es, ya que está regulada en el Código de rito), sino simplemente se manifiesta que no tiene consonancia con las normas del Código Civil descriptas.

 

3. Las dos acciones que regula la norma: el apremio y el inyuccional.

Si bien el acreedor de sus honorarios tiene otras vías para incoar por su cobro (ver punto 3.2.) las más comunes son el juicio de apremio y el incidente inyuccional.

El juicio de apremio está regulado en el art. 507 CPCC y siguientes. Dice el art. 507 CPCC: “Procederá el juicio de apremio, sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales, contra los condenados por sentencia a pagar sumas de dinero y los deudores de costas judiciales. Se sustanciará como incidente del juicio en que se haya dictado la sentencia o producido las costas.

Presentada la demanda, que debe integrarse con la sentencia, auto o liquidación aprobada, original o en copia, se le dará en lo pertinente el trámite indicado por los artículos. 452 y 473.”

El inyuccional o monitorio está regulado en el propio art. 260 CPCC: “En todos los casos el que pretende cobrar los honorarios y costas judiciales podrá optar entre el trámite de los Arts. 507 y siguientes o hacerlo dentro del juicio o incidente. En el último supuesto la petición se hará por cuerda separada, una vez aprobada en el juicio la liquidación respectiva, procediéndose a intimar por tres días el pago de la misma.

En caso de no haberse verificado, el pago, podrá solicitarse la traba de embargo y otras medidas cautelares y se procederá en la forma establecida para el cumplimiento de la sentencia de remate. Elegida una vía no podrá utilizarse la otra.”

Vistas las normas que crean estas dos acciones, pasemos a ver las diferencias entre ellas lo que nos llevará a comprender mejor su naturaleza y la conveniencia de usar una u otra.

 

3.1. Diferencias entre las dos acciones.

3.1.1. La parte a demandar

Cuando analizamos, en notas precedentes, el art. 250 CPCC se concluyó que el Código creaba dos categorías: los deudores de costas y los condenados en costas y que los condenados son asimismo deudores puesto que se considera que su actitud extrajudicial (incumplimiento contractual, generación de un daño, etc.) fue la causa del pleito.

Veamos que el mismo código ritual realiza la distinción al enunciar las partes a demandar mediante apremio o inyuccional: el apremio (art. 507 CPCC) está regulado para el cobro contra los “deudores de costas judiciales”, mientras que el inyuccional (art. 260 CPCC) está regulado contra los “condenados en costas”.

Es de máxima importancia notar que el código procesal nombra a los “deudores de costas” como contra quienes podrá incoarse el apremio y a los “condenados en costas” como contra quienes puede accionarse mediante el procedimiento del art. 260 CPCC.

Del sistema del Código se deduce que el apremio puede iniciarse contra los deudores de costas y los condenados en costas, éstos como subgrupo del anterior.

El inyuccional puede iniciarse sólo contra los condenados en costas, por lo tanto sólo se podrá iniciar luego de que haya sentencia o auto interlocutorio firme.

Esta es, entonces, la primera diferencia.

 

3.1.1. Jurisprudencia.

“La regulación de honorarios, obtenida con observancia del tramite arancelario constituye titulo de apremio contra la parte en cuyo favor el abogado actuó, en tanto es deudora de costas judiciales (Art. 250 C.P.C.C.).”

Cám. Civ., Com. y Laboral - Reconquista (Santa Fe) - 27/04/99 - Gianfelice, José E. c/ Banco. de Santa Fe SAPEM s/Apremio

 

3.1.2. Los honorarios.

Los honorarios del letrado que inicia o patrocina en el apremio deben regularse como un juicio autónomo (100 % de la tabla de la ley 6767, si median excepciones; 70 % de la tabla, si el accionado no opone excepciones).

Los honorarios del letrado que inicia o patrocina en el inyuccional deben regularse según lo estipulado en la ley 6767 para incidentes (30 % de la tabla).

 

3.1.3. Recurribilidad de la sentencia

La sentencia que recae en el apremio es irrecurrible según el art. 509 CPCC.

Nada dice el Código respecto de la recurribilidad del auto que recaiga en el procedimiento inyuccional por lo que es apelable por aplicación del art. 346 CPCC (“El recurso de apelación, salvo lo dispuesto en casos especiales, procederá solamente: … 2) de los autos que resuelvan incidentes siempre que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva”).

Sin embargo, ha habido fallos que consideraron inapelable el auto que recae en el inyuccional por aplicación analógica del art. 509 CPCC. Este criterio es errado puesto que no se puede aplicar la analogía en el caso, ya que el art. 346 CPCC regula el recurso cuando no hay norma específica (dice “salvo lo dispuesto en casos especiales”). Por lo tanto, ante la ausencia de norma específica no debe utilizarse la analogía, sino el art. 346 CPCC.

Empero, para mayor entendimiento del lector, transcribimos algunos antecedentes de la jurisprudencia en contra de nuestro criterio.

 

3.1.3.1. Jurisprudencia

“No resulta coherente concluir que –ante la ausencia de previsión expresa–, la manda inyuccional sea susceptible de un segundo grado de conocimiento, del cual expresamente se lo priva a aquél. Interpretar lo contrario, importaría desnaturalizar el instituto y soslayar los propósitos que se tuvieron en miras al introducirlo en el régimen procesal local.”

Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala 2º, 05/11/2004, DUTTO, Ángel Jorge contra DE LAURENTIS, Ángel N. sobre Incidente inyuccional.

En el mismo sentido: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala 2º, 20/12/2006, BULA, Alfredo O. contra BETTON CONSTRUCCIONES S.R.L. sobre Intimación art. 260 CPCC

 

3.1.4. Tasa de justicia.

El apremio debe reponer la tasa de actuación y proporcional de justicia que la ley impositiva establece para los juicios ejecutivos.

Nada dice la ley impositiva del procedimiento inyuccional, pero la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en los autos “ESTEVEZ, José Luis contra MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA -Art. 260 del C.P.C.C.- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Concedido por la Cámara)” (Fallo del 10/11/2009 e insertado en A y S t 234 p 173-177) rechazó un Recurso de Inconstitucionalidad contra un fallo de baja instancia según el cual el procedimiento inyuccional o monitorio consagrado en el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial es obligación del reclamante el pago de la tasa de justicia y el impuesto de justicia, destacando que dicha norma ofrece al acreedor de honorarios otra alternativa procesal de ejecución, que el inyuccional reviste la naturaleza de un verdadero “proceso”, y admite la posibilidad de interposición de excepciones.

El fallo analizado por la CSJSF consideró que la ley impositiva no hace distingos, ni plantea diferencia alguna para el caso de que el cobro judicial de honorarios se intente por una vía procesal distinta a la del artículo 507 del Código Procesal, como la del artículo 260; que ambas requieren de la actividad jurisdiccional; y que la circunstancia fráctica de que la petición de cobro se haga por cuerda separada dentro del mismo juicio o incidente no hace desaparecer el hecho imponible del impuesto y/o de la tasa.

Por lo tanto, según este criterio, quien elige el procedimiento inyuccional previo a todo trámite debe reponer los sellados correspondientes a la tasa de actuación y proporcional de justicia.

 

3.2. La posibilidad de elegir otras vías distintas al apremio y al inyuccional.

Si bien el juicio de apremio y el procedimiento inyuccional son las vías más expeditivas para lograr el cobro judicial de los honorarios, eso no quita que pueda iniciarse un juicio ordinario o sumario para su cobro. Elegir estas vías será, sin duda, una pérdida de tiempo, pero si fuesen elegidas deberá proseguirse con el proceso seleccionado.

 

3.3. Jurisprudencia

“Al lado de la acción directa del acreedor de honorarios contra el vencido, coexiste (o subsiste) la acción contra aquel que encomendó la tarea o se benefició con ella.”

Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala 2º,  05/06/2006, IRIARTE, Patricia M. c/ CRESCENTE, Sonia B. sobre Demanda ordinaria.

 

 

 

 

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