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La Corte santafesina rechaza la competencia federal en juicios de daños y perjuicios contra obras sociales

La Corte santafesina confirmó un fallo que había rechazado la excepción de incompetencia planteada por una Obra Social codemandada por considerar que debe entender la justicia ordinaria por tratarse de una acción de daños y perjuicios.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe confirmó un fallo de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario que había rechazado la excepción de incompetencia planteada por la codemandada Obra Social para el Personal de la Construcción (O.S.Pe.Con.) por considerar que debe entender la justicia ordinaria por el objeto de la pretensión deducida.

Si bien el fallo corresponde a una declaratoria de pobreza, el objeto de la pretensión principal era un juicio de daños y perjuicios por mala praxis. En función de esto, el Máximo Tribunal santafesino consideró que debe ser competente la justicia ordinaria, a pesar de demandarse a una Obra Social, porque son competentes los Tribunales Federales sólo en los supuestos en que el litigio atañe al funcionamiento del sistema Nacional del Seguro de Salud y de la ANSSAL.

Dijo así la Corte: “en una acción judicial por mala praxis contra una Obra Social es competente la Justicia ordinaria en tanto no esté en juego la aplicación de normas como el Seguro Nacional de Salud, ni cuestiones atinentes a la organización del sistema”.

 

También es de destacar que confirmó el fallo de Cámara en tanto rechazaba la eximición de costas pedida por la demandada y fundada en que habría tenido “razón plausible para litigar”. Así, la Corte consideró que la imposición de costas debe realizarse según los parámetros de la ley ritual santafesina y que dicha regla (la eximición a quien tuvo razón plausible para litigar) no está receptada en el ordenamiento procesal santafesino.

 

La causa está caratulada “Ortiz, Juan Antonio y otros contra Sanatorio de los Nuevos Ayres y otros -Declaratoria de Pobreza- sobre Recurso de Inconstitucionalidad” y el fallo registrado en A y S t 232 p 180-185.

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